El nectarino Casasil, el clavel Wesroman, la cebada Volley o el trigo blando Apache son sólo algunas de las más de 1.500 variedades vegetales con derechos de autor. Es decir, se trata de plantas protegidas y con derechos reconocidos legalmente hacia la entidad titular, tales como la producción, reproducción, venta y comercialización, etc., que impiden emplearlas en plantaciones y jardinería sin los correspondientes permisos.
Y para hacer respetar estos derechos existe la SGAE de las plantas, la GESLIVE, (Gestión de Licencias Vegetales) AIE, una entidad que se encarga de representar a los creadores de las diferentes variedades vegetales (obtentores) y defender sus derechos como titulares de la propiedad industrial de éstas.
Para ello, tiene conferidos por sus clientes y socios el mandato sobre la gestión de los derechos de estas variedades, que se agrupan en semillas, frutales, hortícolas y flores. Así, disponen de más de 4.500 licencias de explotación gracias a las que evitan fraudes y persiguen todo tipo de delitos cometidos contra la propiedad intelectual de las plantas protegidas.
Uno de las características principales de GESLIVE, AIE es que trabaja siempre sin ánimo de lucro para sí misma pero persiguiendo siempre el beneficio de sus clientes, que han visto como los royalties obtenidos a través de la agrupación se han incrementado hasta un 20% de media en las últimas diez campañas.
Igualmente, prestan especial atención a que tanto la producción como la comercialización de las variedades se realice siempre respetando los derechos del obtentor ya que, de realizarse de forma ilegal, no sólo afecta al beneficio económico del mismo, sino a la investigación y al propio desarrollo agrícola.
Por ello, actualmente GESLIVE trabaja sobre más de 200 procedimientos legales –expedientes administrativos, procesos judiciales, etc.- en los que, de una u otra forma, se ha vulnerado el derecho de los obtentores.
Uno de los últimos procesos que se ha resuelto a favor del propietario ha ocurrido en Chipiona (Cádiz), donde un floricultor ha sido condenado a seis meses de prisión, multa e indemnización por el cultivo ilegal de una variedad protegida de clavel. La sentencia, que no admite recurso, ha determinado que se estaba cometiendo un delito contra la propiedad intelectual.
Imagen: Geslive, A.I.E.